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Ratificaron la oferta a los docentes, continúa el paro

La carpa de la dignidad, ayer por la tarde. Más de un mes de reclamos sin respuestas.

Según informaron voceros de la cartera laboral, la reunión duró pocos minutos y los docentes "se llevaron la ratificación de que las autoridades de la provincia no presentarán una nueva propuesta".
Así, pese al pedido elevado por el gremio para obtener "mayores precisiones" sobre la última propuesta salarial, las autoridades de la provincia reiteraron su decisión de "no modificar" la última oferta presentada al gremio de maestros.
Sólo diez minutos alcanzaron para que el titular de ADOSAC, Pedro Muñoz, acercara a la sede de la cartera laboral la nueva propuesta aprobada 24 horas antes por el congreso provincial del sindicato, a través de la cual se reclamó un "ampliado pedido de precisiones" sobre la última oferta salarial.
La propuesta oficial consiste en subir de 161 a 500 pesos el salario básico, implementar una recomposición de bolsillo de 200 pesos y continuar la discusión sobre los demás reclamos en junio.
Entre las cuestiones abordadas en la contrapropuesta de los docentes -que cumplen un nuevo paro por 48 horas hasta este jueves- se encontraban la incorporación de la suma por presentismo al salario general, la devolución de las horas descontadas por huelga y la continuidad de la reestructuración del básico.

Acciones

En las próximas horas la ADOSAC volverá a reunirse en Santa Cruz para evaluar las acciones a seguir y sus representantes esperan contar para entonces con una postura más flexible en las bases, que les permita cerrar finalmente un acuerdo y retomar las clases en la provincia.
Mientras Muñoz golpeaba las puertas del Ministerio de Trabajo en Buenos Aires, cientos de personas marchaban en Río Gallegos hasta el Juzgado Número 1 a cargo del juez Santiago Lozada (ver página 4) para reclamar el avance de las causas iniciadas a partir de la represión policial de principios de este mes, tras la cual 14 trabajadores realizaron las presentaciones penales.
Se trata de trabajadores representados en la Mesa de Unidad Sindical, que congrega a municipales, estatales, legislativos, judiciales y docentes.
Allí, el abogado de algunos de los denunciantes, Javier Pérez Gallart, advirtió que no se les permitió ver el estado del expediente atento a que "el Gobierno ha realizado acusaciones, por los policías heridos".
Esto fue explicado al abogado y un grupo de trabajadores por el propio juez Lozada, que los recibió unos minutos antes y les explicó que la causa "está en proceso".
El letrado volvió a reclamar que la Justicia "deje de dormir" a los expedientes que tienen "como víctimas a los trabajadores" y se les dé "el debido castigo a los culpables".
Posteriormente, Pérez Gallart junto a un grupo de delegados de los municipales se dirigió a la Casa de Gobierno, dónde entregaron en oficina privada del ministro de Gobierno, Pablo González, un petitorio reclamando la renuncia del jefe de Policía, Wilfredo Roque, por su presunta responsabilidad en la represión policial del pasado 9 de mayo.

Paro

El congreso del gremio dispuso por unanimidad continuar las negociaciones y reclamar el "reintegro total de los días descontados por la huelga", que ayer llegó a un total de 40 días en los cuales no se dictaron clases.
Además los docentes insistieron en pedir el "blanqueo" de la suma fija no remunerativa de 250 pesos que perciben por presentismo, y un piso de 780 pesos para los salarios básicos.
El congreso celebrado el pasado martes decidió que los docentes permanezcan "movilizados" y se convocó a una "marcha provincial" para el viernes próximo en Río Gallegos, que culminará con un "cabildo abierto" en el centro de la ciudad.
Durante el congreso se hizo una evaluación del paro concretado durante los días lunes y martes que alcanzó entre un 75 y 80 por ciento, según dijeron, con picos aún más altos en el interior provincial.
Los representantes sindicales, Pedro Muñoz y Mónica Galván, viajaron ayer a Capital Federal para presentar ante la mesa de negociación -dispuesta en el Ministerio de Trabajo de la Nación- el mandato del congreso provincial.
Junto a varios de los congresales de las filiales del interior provincial, Muñoz anunció -durante el día martes- la decisión de insistir con el mismo pedido realizado al Gobierno provincial tras el Congreso realizado el sábado pasado, porque hasta la fecha no ha sido satisfecho el pedido de precisiones.
El gremialista ratificó que las condiciones para que los docentes levanten la medida de fuerza se basan fundamentalmente en la reestructuración de este acta acuerdo que ha sido discutida en cada una de las asambleas y que estén clarificadas las fechas con respecto a la recuperación de los días, a cómo se avanza en la agenda de la discusión del básico y del presentismo".
El pedido de clarificación de la Adosac está contenido en una nota con fecha 20 de mayo en la que aseguran que "suspenderían la medida" en tanto y en cuanto "se den por cumplimentados" una serie de puntos en plazos determinados.

¿Por qué sin firmas?

Se cumplieron dos meses y medio de las medidas de fuerza que llevan adelante los docentes de la provincia y un mes de la instalación de la “Carpa de la dignidad”, mientras los gobiernos nacional y provincial no encuentran las soluciones de fondo a la problemática.
Luego de esta intensa lucha que involucra no solo a los sectores sindicales de la provincia, sino que también a gran parte de la sociedad santacruceña, el gobierno y los interlocutores que ha puesto parecen no querer encontrar una salida clara a la situación.
La lucha del sector ha vencido a las mentiras, el apriete, la soberbia, la descalificación, los discursos altisonantes y la descalificación.
La estrategia del Gobierno fue jugar al desgaste de los docentes, negándose al diálogo sin siquiera percibir que el tejido social se estaba resquebrajando.
El clamor popular era tan grande ya que se llevó puesto a un vicegobernador que tenía a la provincia al garete y a un Ministro de Gobierno que nunca estuvo a la altura de las circunstancias.
La estrepitosa caída del gobierno de Carlos Sancho obligó a una jugada final, Peralta al ruedo y a buscar soluciones.
La primera fue un ofrecimiento de 500 pesos al sueldo básico y las “promesas” de un mejoramiento de las cifras ofrecidas en una mesa de negociación con un tiempo fijado para cada una de ellas.
Pero en ese ofrecimiento no se cumple con los requisitos mínimos que piden los trabajadores, no se cumple aún con las expectativas de los educadores, ni tampoco se les reintegra la totalidad de los montos descontados durante los meses que están durando las medidas de fuerza, que nunca fueron declaradas ilegales y a pesar de haber quedado demostrado que era una causa justa.
El pedido de los educadores es básicamente rechazado con una contrapropuesta, presentada en la mesa de negociaciones, donde se reclama un básico de 780 pesos; eliminar el presentismo; el inmediato reintegro de la totalidad de los montos descontados; y el mantenimiento del ítem de antigüedad.
En este punto el ministro Tomada dijo de los docentes santacruceños que eran "autoritarios e intolerantes", además de afirmar que el gobierno nacional no estaba dispuesto ha realizar otra oferta esto llama seriamente la atención ¿porqué el gobierno nacional?, cuando el tema es provincial, según lo dijo el propio ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus.
Entonces queda preguntarse ¿Por qué no se ofrecen respuestas claras y con una sola y única firma –lo que piden los docentes- que avale lo hablado y negociado en Buenos Aires?

Fuente: Tiempo Sur.