miércoles, 23 de mayo de 2007

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Editorial La Nación

SANTA CRUZ Y UNA PRENSA AMORDAZADA

El último de los varios gobernadores de Santa Cruz en los últimos años ha evidenciado al asumir un estilo favorable al diálogo. No habría nada de ironía en decir que la exposición de ese espíritu constituye una novedad largamente esperada en la conducción de la provincia.

Entre el fárrago de cuestiones delicadas ante las que se encuentra el flamante gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, debemos anotar las que conciernen a la libertad de opinión y a otros aspectos esenciales de los derechos humanos.

En las sociedades contemporáneas hay infinitas maneras, cada vez más refinadas e hipócritas, de eliminar adversarios. Seguramente el obispo Juan Carlos Romanín se refirió a las más sutiles, y no al método brutal de la eliminación física, cuando declaró, en los días postreros del anterior gobierno santacruceño, que éste creía que “al que piensa distinto hay que eliminarlo”.

Se podría pasar por alto otra denuncia hecha por el obispo Romanín, en este caso sobre intercepción de sus comunicaciones telefónicas, dado que nadie es tan ingenuo como para creer que alguna parte del territorio nacional está libre de esa violación endémica de la intimidad de las personas. Existen referencias, desde hace tiempo, de que otros prelados de la Iglesia Católica se desenvuelven con la certeza de que sus comunicaciones también son interceptadas.

Hay un terreno, sí, en que el gobernador podría avanzar a favor de una mayor oxigenación de las libertades públicas en Santa Cruz. Lo logrará con dar muestras de un respeto franco por los medios de comunicación libres e independientes en el ámbito de su provincia y por las gestiones que realice a fin de que se deje sin efecto la orden del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) de incautar los equipos de Radio News, emisora de FM, después de declarar en tiempo récord su ilegalidad.

Esta emisora había iniciado un año atrás, según testimonio de su conducción, las gestiones para lograr la legalización de sus actividades. Se encontraba en la misma situación irregular en que se halla un número asombroso de emisoras en todo el país; se habla de cifras variables, pero nunca por debajo de 5000, dato de una realidad por demás anárquica. Entre todas esas radios, el Comfer ha encontrado razones para castigar a aquella que reflejaba en abierto pluralismo, en medio del conflicto desatado en Santa Cruz, la posición de gremialistas, sacerdotes y activistas políticos en disidencia con la política del gobierno, cuya implosión sucedió a un llamado presidencial. La decisión del Comfer se fundó en una queja oportuna del escuadrón de Río Gallegos de la Gendarmería de que Radio News se superponía con su frecuencia.

También fue removido, semanas atrás, el varias veces galardonado programa para niños La ronda , que bajo la dirección de Marta Saborido se emitía por LU14 Radio Provincia, a raíz de comentarios hechos por su conductora sobre los hechos de notoriedad pública en Santa Cruz. Las versiones coinciden en que las autoridades de LU14 actuaron bajo presión oficial.

Cabe recordar que hoy en esta provincia patagónica el establishment político local maneja el Canal 2, el diario El Periódico , la productora El Cielo y la radio FM del Carmen, que son propiedad del empresario Rudy Ulloa Igor, ex chofer y ex secretario privado de Néstor Kirchner, entre otros medios que son fuertemente apoyados mediante una publicidad oficial que el gobierno provincial les niega a los que no dan fe de oficialistas.

La forma de resolver debidamente las cuestiones de libertad de prensa en Santa Cruz es tan simple que no requiere del gobierno local más que hacer cumplir la Constitución provincial. Santa Cruz cuenta en esta materia con uno de los textos más explícitos en el derecho constitucional argentino. El artículo 11 dispone: “No podrán dictarse leyes ni otras medidas que restrinjan la libertad de palabra hablada o escrita. No existirá censura previa ni se exigirán garantías pecuniarias. La libertad de prensa comprenderá la de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones por todos los medios orales y escritos o por aparatos visuales o auditivos”. Y el artículo 12 precisa que, durante la sustanciación de causas que se abran por cuestiones vinculadas con la actividad de la prensa, no podrá entorpecerse la labor de las publicaciones “ni sustraerse imprentas, útiles, materiales, herramientas o maquinarias usadas para la impresión y difusión”.

Años atrás, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) debió tomar nota de denuncias por actos intimidatorios contra la prensa reacia a someterse a los gobiernos de turno.

Como la atmósfera general en ese sentido ha carecido de modificaciones alentadoras, y hasta se han profundizado los aspectos más negativos, el nuevo gobernador se encuentra con un capítulo de importante significación en el que podrá poner a prueba la voluntad de cambiar la dirección de los vientos en esa sufrida provincia que ha expuesto en estas primeras horas de gestión. (Diario La Nación 23/05/07)

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