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Santa cruz violenta

El riesgo de lo inconsulto

rogelio frigerio (n)*

Por tercer año consecutivo, y sin consultar a los gobiernos subnacionales –responsables del pago del sueldo de los maestros– el Gobierno Nacional elevó el salario mínimo docente a $1.040, incrementándolo en un 50% en términos nominales en relación al 2005. Dada la alta participación del gasto educativo en el total de las erogaciones de los Estados provinciales, la contrapartida de esta política es el fuerte deterioro fiscal de la mayoría de las jurisdicciones del país.

El ultimo año, el gasto total salarial en el sector educativo, destinado al pago de sueldos de bolsillo y aguinaldos de los más de 970.000 docentes registrados en el país, ascendió a más de $ 13.700 millones, lo que equivaldría a casi el 40% de los gastos en personal de todas las provincias. En ese período, el 87% del gasto salarial docente correspondió al financiamiento de los Estados subnacionales, mientras que sólo el 13% restante estuvo a cargo de la Nación, a través del Fondo de Incentivo Docente.

Así, se puso de manifiesto un grave problema de coordinación de políticas entre los distintos niveles, dado que la Nación estableció unilateralmente un incremento en los haberes del sector docente del que, de mantenerse el esquema vigente, financiaría poco más de la décima parte. Por otra parte, si se trasladara el aumento al resto de los empleados de la administración pública provincial, el gasto en personal del total de las jurisdicciones se elevaría en más de $ 11.400 millones.

El deterioro fiscal del grueso de las provincias (se estima un déficit consolidado de $ 3.000 millones para el corriente año) haría inviable un incremento de tal magnitud. No obstante, una vez otorgado un aumento a un sector de la administración pública, es muy difícil que no actúe como piso para las negociaciones de los otros sectores, más en un año electoral.

A pocos días de tomada la medida, se multiplicaron las demandas en la mayoría de las jurisdicciones, tanto en aquellas donde se pagan sueldos inferiores a $ 1.040, como en las que se supera ese monto. En varias provincias, los reclamos docentes no son por incrementos en las remuneraciones de bolsillo, sino por la actualización en los básicos.

Es el caso de Santa Cruz, donde se pagan los sueldos de bolsillo más altos del país ($ 1.700), pero los básicos más bajos ($160). Esta disparidad revela un problema adicional, herencia de la crisis: la precarización del empleo público, con cobros “en negro” que representan una parte muy importante del salario.

Lo que surge del modo inconsulto en que la Nación fijó el nuevo piso salarial docente es, básicamente, la fragilidad de las instituciones del federalismo fiscal en la Argentina y la imposibilidad de coordinar políticas públicas entre los distintos niveles.

Por otra parte, plantear un sueldo mínimo uniforme en todas las jurisdicciones refleja un desconocimiento de la hereogeneidad del país federal, donde conviven realidades económicas muy distintas y, además, se observan disparidades significativas entre las distintas canastas de consumo. Por último, reducir el problema de la educación en nuestro país solamente al tema salarial constituiría un grave error estratégico. La dignificación del docente es necesaria, pero no alcanza para mejorar la calidad educativa.

*Director de la consultora Economía & Regiones.

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