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Como fue la caida del gobernador santacruceño

Ladran, Sancho: mejor andate

Jorge Lanata

“—Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.

—¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado.

— una de esas batallas que se libran para que todo siga como está.”

De El Gatopardo, escrito por Giuseppe Tomaci Di Lampedusa (1896-1957), llevado al cine por Luchino Visconti en 1963, con Burt Lancaster, Claudia Cardinale y Alain Delon.

Después de diez semanas de paro docente, veinte heridos en diversas manifestaciones, cinco bombas molotov, un auto incendiado, un local gremial y otro partidario apedreados y una decena de marchas que congregaron entre dos y diez mil personas en una ciudad de ochenta mil habitantes, el Gobierno nacional decidió remover al gobernador formal de Santa Cruz y reemplazarlo por quien venía desempeñándose, hace algunas semanas, como gobernador paralelo, el diputado en uso de licencia Daniel Peralta, titular de Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio. Peralta saltó desde su sillón en el yacimiento, canceló su licencia como legislador, volvió a la uniCámara de Santa Cruz, forzó la renuncia de la sucesión natural del gobernador, la vicepresidenta del cuerpo, logró mayoría automática y, finalmente, fue electo.Todo en un trámite que duró menos de veinticuatro horas y que pudo lograrse gracias a un llamado telefónico del presidente K el miércoles a la noche, de su celular al del jefe de la SIDE, Héctor Icazurriaga:

—Chango, decile a Peralta que venga para Olivos. Se va Sancho. Y el Chango fue y le dijo. Peralta, que llevaba entonces dos días parando en la casa de Icazurriaga en Buenos Aires (una manera de permanecer “en boxes”), llegó a Olivos antes de la medianoche. Alberto F fue, esta vez, el último en enterarse: por eso los diarios del jueves todavía insistían en que no iba a haber recambio alguno.A la una de la mañana, el gobernador “electo” (por el Presidente) se comunicó en Río Gallegos con el obispo Romanín: luego de disculparse por la hora, le comunicó la buena nueva, invitándolo a su acto de asunción. Romanín se excusó, amablemente:

—Justo ese día tengo un viaje programado –le dijo. Lo que el Gobierno insiste en presentar como el final de la batalla de Santa Cruz no parece percibirse así por parte de la población: aunque hay quienes le reconocen a Peralta mayor “cintura política” que la de Sancho y se congratulan con la renuncia del ministro Varizat, no olvidan que el conflicto de la provincia trascendió hace mucho el salario docente. ¿Por qué una provincia con 1.480 millones de pesos de Presupuesto para doscientos mil habitantes, con seiscientos millones destinados a obra pública y una cifra incierta entre 500 y 1.000 millones de dólares navegando entre Suiza y paraísos fiscales, que recibió 2.500 millones de pesos en los primeros tres años de gestión K, está en crisis?

YO TE DIJE

“Crisis, ¿qué crisis?” Hasta hace pocos días, el Gobierno nacional se negó a ver, en Santa Cruz, lo evidente. Mientras el saliente gobernador Sancho pescaba en La Buitrera y las calles de Río Gallegos se llenaban de una masa muy heterogénea de ciudadanos descontentos, la administración K insistía en responsabilizar a la prensa por la difusión de “conflictos menores”. El despido de Sancho y la entrada en escena de Peralta fueron adelantados por este Panorama en dos oportunidades (el 19 de marzo y el 8 de abril), y en ambas desmentido por el ministro del Interior, Aníbal Fernández. “No existe nada –publicó La Nación el 26 de abril–. El gobernador Sancho permanecerá en su cargo. Es como aquella frase que se le atribuye a Don Juan Tenorio, de Zorrilla –abundó el ministro demostrando haber leído un libro–: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”. “El Gobierno está llevando a cabo su política y no hay ninguna crisis de por medio”, insistió ante las radios Mitre y 10.

Luego de que el asesinato de Sayago y la polémica sobre el eterno retorno de los fondos alejaron a Acevedo del Gobierno provincial, el agente inmobiliario Carlos Sancho se hizo cargo de un poder virtual manejado desde Buenos Aires. De hecho, mantuvo a la mayoría del Gabinete ya designado desde la Capital, y agregó algunos adscriptos de último momento. Sancho es hijo de un intendente de la dictadura y está casado con una docente, María José Fernández Clark, quien figura como socia de Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice en la inmobiliaria que administra las propiedades K. María José es, a la vez, asesora del diputado Daniel Peralta, quien nunca llegó a asumir su banca, excepción sea hecha de los minutos en los cuales fue elegido gobernador. El renunciante Daniel Varizat –ex subsecretario general de la Presidencia devenido en ministro de Gobierno de Sancho– es maestro mayor de obras, fue director de Mantenimiento de la Gobernación durante la dictadura y secretario de Obras Públicas de la intendencia K, hasta que se le derrumbó un hotel de tres plantas que estaba construyendo por haber usado vermiculita para aligerar las lozas.Varizat, uno de los personajes más odiados por los docentes en conflicto, pasará a la historia de la semántica santacruceña por decir “comisería” en lugar de comisaría y “renumerativo” por remunerativo, sin excepción, en todas sus declaraciones. Fue Varizat quien, sin hesitar, aseguró después de la pasada represión que “el obrero municipal que dice haber sido herido en el pie se clavó a sí mismo una barreta de metal para simular un disparo”. Juan Bontempo, ministro de Economía, es uno de los sobrevivientes heredados desde la gestión Acevedo, a la que aterrizó bajo el ala de De Vido. “Juancito Caminador” (así lo llaman) tuvo la imprudencia de firmar el pasado diciembre dos decretos tan evidentemente ilegales que fueron observados por el presidente del Tribunal de Cuentas, Mario Layún, primo del presidente K. En uno de los decretos Juancito le transfería al Banco Nación la liquidación de haberes de toda la administración pública, un negocio de doce millones al año que viola varias normas provinciales y el hábeas data, y en el otro le entregaba al Banco, en sociedad con Siemens, toda la operatoria de la Dirección de Rentas.

De esto, también, hablan los cacerolazos.

Ministro Aníbal Fernández oteando horizonte santacruceño.

Foto: Dibujo: Pablo Temes

LA SONRISA DE MAMA

Lo mejor del discurso paranoico es que todas las conspiraciones cierran: mientras el Gobierno insiste en difundir que el camionero psicótico que volcó frente a la ex casa del presidente en Río Gallegos pertenecía a una especie de célula dormida de Al Qaeda financiada por los maestros en huelga, otros se preguntan por la rapidez y eficiencia con que, tanto la Gendarmería como la Policía provincial, difundieron fotos del “terrorista” marchando en las protestas. ¿Por qué lo vigilaban? ¿Es normal que se tomen fotos de los manifestantes?

La causa, como era previsible, se manipuló y más tarde dos nuevos elementos se sumaron en paralelo a la crisis: el relevo del comandante mayor Ayala, de la Gendarmería, y las denuncias del Gobierno hacia los manifestantes, una vez verificado el cambio del fiscal de turno.El comandante de Gendarmería Jorge Ayala fue el mismo que cuestionó hace algunas semanas la orden de desalojo de las carpas de la protesta frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. En verdad, Ayala mantuvo su posición de esperar la orden del juez, lo que motivó el enojo del Presidente.

La vendetta llegó de Olivos después del incidente del camión: Ayala fue sustituido por Roberto Caserotto, uno de los felices propietarios de tierras fiscales en El Calafate, quien desembarcó junto a trescientos gendarmes. Lo de Caserotto, en realidad, era un retorno: ya había tenido destino en Río Gallegos, de donde tuvo que salir en 2005 después de chocar en estado de ebriedad contra una columna de alumbrado.

El viernes 4, cuando ya no estaba de turno el fiscal Andrés Vivanco, Varizat solicitó ante su par Gabriel Giordano (denunciado por empleados de la Justicia por atender negocios privados de la pesquera Conarpesa) estando de turno el juzgado de Santiago Lozada (ex yerno de Alicia K) el desalojo de la Carpa Blanca. El lunes 8 de mayo, con el tándem judicial K funcionando a pleno, unos 250 gendarmes, bajo las órdenes de Caserotto, se lanzan sobre una manifestación espontánea de docentes que protestaban por la conciliación obligatoria decidida en Buenos Aires; Ernesto Velázquez, el secretario general de Adosac, recibió un golpe en la cabeza con la culata de un fusil lanzagases. A las dos de la mañana, la preocupación judicial se orientaba hacia otro lado: el fiscal Giordano abrió el despacho del Ministerio Público a Máximo Kirchner para denunciar daños y violación de domicilio. A las seis de la tarde del mismo día martes, Giordano abre otra vez la Fiscalía para tomar la denuncia de un gendarme que señaló a los docentes Bonatto, Del Pla, Mercado y Velázquez como responsables de resistencia a la autoridad y lesiones. Ningún gendarme fue atendido en el hospital local por lesión alguna.Tanto dispendio horario contrastó con el pedido de algunos empleados judiciales que quisieron denunciar, fuera de su horario de trabajo, el carácter intimidatorio de una solicitada firmada por “Los muchachos peronistas”, en la que llamaban a la violencia contra los trabajadores en conflicto. En ese caso, el fiscal les aclaró que el horario para denuncias era de 7 a 13. A esa altura del martes la ciudad era un descontrol: la Guardia de Infantería de la Policía provincial con equipo de combate, pasamontañas negros y sin identificación alguna golpeó al profesor Murúa, congresal de Adosac, y castigó duramente al fotógrafo Juan Bolaños, colaborador de PERFIL, quien antes fue agredido a los puños por el secretario del entonces gobernador Sancho, a quien obviamente reconoció. El miércoles, durante una marcha de los municipales, todo empeoró: en la esquina de San Martín y Urquiza un grupo de la Policía provincial al mando del comisario General Wilfredo Roque y el comisario inspector Jorge Mario Hasan comenzó a disparar proyectiles antidisturbios, gases, balas de goma y de plomo. Más de quince heridos ingresaron al hospital local, el que se negó a difundir un parte con el estado de las víctimas.

La actitud del Gobierno nacional hasta entonces fue ignorar el conflicto o azuzarlo con declaraciones provocadoras.

“Como dice Manolo (por Quindimil), la política tiene la gratitud y la ingratitud. La ingratitud se siembra con cosas como las que me tocó vivir a mí en el día de ayer, donde unos cobardes patoteros fueron a atacar una casa que, obviamente, es mi casa. Pero lo peor, la cobardía más grande de esos patoteros que dicen defender la educación fue el ir a ver a mi madre, que tiene 86 años, y a tratar de insultarla o la insultaron”, dijo el Presidente en un acto en Lanús. Y, en su descripción, fue más allá: “No me van a asustar por más que hagan actos como los que cometieron ayer con la pobre vieja que estaba sola y que me llamaba por teléfono para preguntarme: ‘Qué hago, Nestor?’”.

La casa de María Oistoc, la madre del Presidente, está ubicada a una cuadra de la ex casa del Presidente y pegada a lo que fue el domicilio de Alicia K. El episodio del “escrache” a la casa de la señora nunca existió: según aseguraron diversos testigos a PERFIL, la marcha pasó por ahí como por tantas otras casas, pero la señora Oistoc no estaba en casa y ni siquiera se plantearon molestarla. Mientras el Presidente dice que recibió un llamado materno preguntándole qué hacer, diversas fuentes aseguran a este diario que la señora Oistoc se encontraba entonces en Punta Arenas, donde tiene varios familiares en el barrio croata, o en la quinta de Olivos, donde habitualmente reside y se ocupa de cuidar a Florencia Kirchner.

A esa altura del conflicto, el Gobierno ya había decidido echar lastre con Sancho y apostaba a un enroque pidiendo la renuncia del intendente radical. En el aire de Radio 10, Oscar González Oro era entrevistado por Alberto Fernández (¿o fue al revés?):

GONZALEZ ORO: Lo cierto es lo que usted dice, ministro, que un intendente no puede ponerse al frente de una patota. Estamos hablando de actos que tienen que ver con actitudes patoteriles.

ALBERTO F: También hay que recordar que hubo muchos policías heridos, a los que les pegaban con barretas. Están las imágenes que pasa la televisión, cómo corrían con barras de hierro y golpeaban a los policías.

GONZALEZ ORO: Roquel hoy tendría que irse a casa, por lo menos.

ALBERTO F: A mí me parece que Roquel es un particular responsable de lo que ocurrió ayer.

—¿Qué situación social? –se indignó Aníbal F en Crónica TV cuando le preguntaron por “la situación social que ha motivado estos inconvenientes”–. Permítame que lo corrija: situación social, ninguna –dijo–. También se enojó en Radio La Red. En el programa Estamos de tu lado, Aníbal (el programa se llama Estamos de tu lado sólo, y no: Estamos de tu lado, Aníbal) se exaltó y terminó oscureciendo lo que ya estaba oscuro: “¿Puedo terminar de hablar? –dijo–. Hay una mecánica propia de cada una de las Legislaturas, que si ésa es la decisión de que sea Daniel Peralta, deberá llevarse a cabo. ¿Entonces por qué vamos a hacer tantas explicaciones si hay una mecánica que el propio reglamento…? ¿Pero usted no puede entender lo que estoy diciendo? Si le estoy explicando, ¿por qué pregunta cuarenta veces lo mismo? Ese es un problema de la Legislatura de Santa Cruz, no del Presidente, de la Legislatura que tiene una vida propia. ¿Puedo hablar?”.

UNA HISTORIA TURBIA DE PERALTA

Cuando a mediados de marzo el nombre de Peralta sonaba fuerte como eventual reemplazo de Acevedo, el Gobierno decidió dejarlo un año más en su puesto de Río Turbio “para garantizar la continuidad del esquema de inversiones”. Al poco tiempo una denuncia penal cayó sobre Peralta y muchos se congratularon de haberlo dejado en su puesto clave, pero de perfil bajo: el gremialista de ATE Santa Cruz Luis Héctor González y el diputado ARI Adrián Pérez lo denunciaron entonces por “asociación ilícita, fraude y cohecho” en lo referente al llamado a licitación 18/2005 para contratar trabajos de “reacondicionamiento de vías, obras de arte y obras complementarias en el ramal ferro-industrial Río Turbio-Puerto Loyola”.

El presupuesto oficial era de 62.922.110 pesos y la obra fue adjudicada por De Vido y Peralta a una UTE integrada por Benito Roggio y Esuco SA por 108.188.029 pesos, un 71% más de lo que pensaba gastarse. Roggio integra junto a Metrovías el Grupo Techint y, en la fecha de presentación, estaba embargada por Rentas de la Provincia de Buenos Aires, por lo cual (según el Art. 6 de las licitaciones en la YCRT) no estaba habilitada para participar. Esuco S.A. –que ni siquiera compró el pliego pero resultó “ganadora” –es adjudicataria del 22% de las obras viales de todo el país y, según estudios técnicos, el precio promedio de sus viviendas excede entre el 144% y el 151% al de otras viviendas adjudicadas. En la licitación pública 13/04 por “servicio de mejora y puesta en valor del techo de usina de Río Turbio”, Esuco presentó una oferta con un sobreprecio del 83% más y, por supuesto, salió favorecida. La causa “Yacimientos Carboníferos de Río Turbio” está en la Secretaría 10 del juzgado federal 5 a cargo de Norberto Oyarbide, quien ordenó archivarla dado que, en su criterio, “no hay delito evidente”. El fiscal apeló esta decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones, ya que el juez no hizo lugar a numerosos pedidos de prueba y se espera ahora la resolución de la Sala 2 de la Cámara.

Sonriente, con el puño en alto, jean y campera de cuero, Daniel Peralta se convirtió en el tercer gobernador de Santa Cruz en un mismo período.

Cree –según les confesó a sus allegados– que este conflicto se arregla “con muñeca y plata”.

Si los números tienen razón, su fórmula no alcanza: un trabajo del Centro de Estudios Nueva Mayoría conocido esta semana asegura que el cacerolazo está reapareciendo como expresión de protesta en los sectores urbanos, bajo la consigna del “que se vayan todos”.

En Santa Cruz ya ha habido tres entre abril y lo que va del mes de mayo. En Neuquén, dos. En los cinco meses de 2007 se produjeron ocho: vecinos de Flores por los cortes de luz, trabajadores del Garrahan en reclamo de aumentos, otros vecinos reclamando mayor seguridad.

Entre diciembre de 2001 y marzo de 2002, fueron 2.014: diecinueve por día. Seis años después, nadie parece haberlos escuchado.

INVESTIGACION: J L / ROMINA MANGUEL / LUCIANA GEUNA

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