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INADI
ADOSAC denunciará al Gobierno por acciones discriminatorias
A los efectos del presente artículo, es que se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.
En función de lo que la legislación sostiene y garantiza, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), presentará ante el Instituto Nacional contra la Discriminación , la Xenofobia y el racismo (INADI), sosteniendo como argumento vertebral que el Gobierno provincial por hecho y omisión ha realizado “discriminación por opinión gremial”.
En rueda de prensa, el abogado del gremio Dr. Javier Pérez Gallart, Ernesto Velásquez (secretario de la filial local), Milagros Pierini (titular de la cátedra de Derechos Humanos de la UNPA ) y Gabriel Porra, explicaron los fundamentos que impulsaron la presentación judicial y las imputaciones legales que recaerían sobre los funcionarios del Gobierno.
Iniciativa
“La denuncia se basa en un concepto mucho más amplio de lo que uno considera tradicionalmente por discriminación, la ADOSAC considera que todos los actos que han venido ocurriendo más acentuadamente desde el inicio de las medidas de fuerza se encuadran en actitudes discriminatorias por parte del Gobierno provincial y por eso hacemos la presentación ante le INADI. Le vamos a enviar el formulario que hemos completado y también una serie de documentación que avalan los dichos sostenidos”, explicó Milagros Pierini.
En el procedimiento legal iniciado no participa la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Marucco. De manera más específica, la denuncia hace referencia contra dicho organismo, por incumplimiento del deber de funcionario público. El delito atribuido se desprende de la omisión que conllevó a que los casos denunciados de persecución, secuestro, atentado, no hayan sido investigados. De igual manera, la documentación plantea la “ausencia de la Secretaría al no haber tomado posición ante la falta de garantías de los derechos de los trabajadores adheridos a la lucha salarial”.
“Con Marucco se habló en un momento, pero en uno de los formularios que presentamos ante el INADI donde debemos detallar a qué funcionarios hacemos cargo de los actos discriminatorios, y nosotros colocamos en primera instancias al Gobierno provincial a través de los ministros, el gobernador, y por omisión comprendiendo que la violación a los derechos humanos no es sólo por acción, denunciamos a Alberto Marucco. El gremio hizo dos presentaciones para que el funcionario actúe y lo único que respondió es que está en estudio la situación”.
Gremio
Ante la indignación generada por transcurrir la octava semana de medidas de fuerza sin que el Gobierno santacruceño dialogue con los integrantes de la Mesa de Unidad Sindical, Ernesto Velásquez se refirió a las medidas legales que llevarán adelante.
“La inacción de este Gobierno para resolver y explicar todos los ataques que hemos recibido desde el inicio del reclamo de los trabajadores estatales, queda en evidencia que nosotros debemos recurrir a otras instancias y por eso realizamos la denuncia ante el INADI”.
Uno de los ítems que integra el formulario elevado por el gremio, hace referencia a la militarización de la provincia. Al respecto, en la cuarta sesión ordinaria, algunos ediles justicialistas sostuvieron que la presencia de efectivos de Gendarmería nacional y personal policial, se debía al pedido de ADOSAC y que “bajo ningún aspecto se habían generado hechos de persecución o apriete hacia los gremialistas”. Ante las declaraciones vertidas, Velásquez explicó que “una sola vez se pidió para una de las primeras marchas para evitar que hayan ataques a quienes marchaban por parte de grupos ajenos al reclamo, teniendo en cuenta la contramarcha que se realizó. Pero esto el Gobierno lo tomó para tergiversar y decir que el control de policías que se desplegó es por pedido nuestro. Jamás ADOSAC pediría efectivos para vigilar las escuelas”.
Via legal
Explicando el procedimiento judicial que se inicia con esta denuncia ante el INADI, el Dr. Javier Pérez Gallart detalló que “el sustento inicial es la ley, y la misma plantea que uno de los supuestos tiene que ver con la discriminación cuando en materia gremial hay un avance del Estado generando hechos discriminatorios hacia un grupo denominado. Hoy puntualmente, hablamos de quienes se encuentran peticionando por sus legítimos derechos. El responsable de estos actos discriminatorios, por acción y omisión, es el Gobierno provincial. Por un lado, ignorando pedidos puntuales, atribuyendo delitos a quienes integran la Mesa de Unidad Sindical, por ejemplo como sostenía Varizat de que los atentados contra el gremio fueron autoatentados. El debía presentar pruebas para fundamentar estas denuncias de acción pública realizadas, cuestión que jamás realizó”.
La privación ilegítima de la libertad es otro de los postulados, haciendo mención explícita del secuestro de uno de los hijos de una de las delegadas de ATE. Hechos de intimidación que sufrieron diferentes trabajadores que participaron de las marchas. “Son una serie de circunstancias que son intimidatorios que nos llevan a acudir a la ley que penaliza los actos discriminatorios contra gremialistas y trabajadores en general. Hay una tendencia en los Juzgados de aceptar estas cuestiones, entendiendo que el INADI debería estar preocupado por estos sucesos”, mencionó Pérez Gallart.
En lo que concierne a las sanciones que establece la ley para los imputados en la denuncia, son diversas. En primera instancia, acorde al procedimiento deben brindarse las respectivas explicaciones de los actos efectuados y aquellos omitidos. Posteriormente, el INADI debería avanzar en las denuncias. El antecedente lo constituye también, la nulidad con la que se ha procedido ante el pedido de investigación de los atentados y el rechazo frente a los recursos de amparos elevados por los descuentos de haberes.
La presentación ya fue elevada y se espera la favorable acción por parte del organismo nacional.
Denuncia
Entre las acciones que la ADOSAC considera discriminatorias se encuentran:
-Spots publicitarios del Gobierno, en medios gráficos, radiales y televisivos, solicitadas y afiches anónimos pegados en la vía publica, descalificando la veracidad de los reclamos docentes y brindando información falsa sobre los sueldos docentes, tanto activos como pasivos.
-Permanente negativa a dialogar con el gremio docente para negociar los reclamos gremiales que contrasta abiertamente con las negociaciones iniciadas y llevadas a buen término con los gremios petroleros y los gremios calificados de “afines”.
-Negativa a difundir por la televisión oficial información originada en el gremio docente.
-Agresiones verbales y descalificatorias contra la ADOSAC y sus dirigentes por parte de los miembros del gabinete provincial, los diputados, los intendentes y concejales del Frente para la Victoria Santacruceña.
-Agresiones verbales y físicas contra afiliados de la ADOSAC , sus familiares y propiedades.
-Descalificación de los atentados sufridos por la ADOSAC calificándolos de “autoatentados”
-Descalificación de los actores y sectores que apoyan el reclamo gremial acusados de estar motivados por intereses no genuinos. Entre ellos los más criticados fueron el Obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Juan Carlos Romanín y el intendente de Río Gallegos, Héctor Roquel.
-Rotura de vidrios en la sede de la ADOSAC , Río Gallegos e incendio intencional del automóvil de su propiedad (16.3.2007)
j) Colocación de una bomba molotov en el ingreso del gimnasio Benjamín Verón, Río Gallegos, en ocasión de celebrarse, el 31 de marzo, un festival musical para juntar fondos para los docentes huelguistas.
- Entre otros aspectos más.
Fuente: Diario Tiempo Sur
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