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Crisis docente: ‘Nico' Fernández en el país de las maravillas (así les va en Santa Cruz...)

El senador nacional FpV-Santa Cruz, Nicolás Fernández, decidió refutar a ‘Fredy' Martínez. Su discurso fundamenta la posición del gobierno santacruceña en el conflicto docente. Fernández no puede explicar cómo es que en Santa Cruz se encuentran prohibidas por ley las paritarias ni cómo una provincia tiene tanto desorden en la estructura salarial ni cómo es que cobrando regalías petroleras abunde el descontento.

“(...) — En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (...) el miércoles 11 de abril de 2007:

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: se hicieron varias referencias, algunas de ellas vinculadas puntualmente con el salario de los docentes de la provincia de Santa Cruz, motivo por el cual —a pesar de que no tenía pensado hacer uso de la palabra— me veo en la obligación de referirme a dicho tema.

Efectuaré una especie de recordatorio. Aquí se habló del 25 de Mayo de 2003, del estado de deuda espantoso de las provincias, de la circulación de veinticinco tipos de monedas en la Argentina, y de que indudablemente queda pendiente la discusión de la Ley de Coparticipación, a pesar de que también es cierto que desde 2003 a la fecha se aprobaron varias leyes relacionadas con ese punto.

Al respecto, algunas de ellas fueron puestas en valor por los diversos senadores que hicieron uso de la palabra; me refiero a los 180 días de clase, al incentivo docente, a la educación técnica y sexual, a la educación federal con participación plural de docentes —más de cinco millones de docentes participaron de la discusión de la Ley Federal de Educación, algo inédito en el país— y al financiamiento educativo, respecto de lo cual nos comprometimos a dar el debate correspondiente.

Se habló también de los aportes que por encima de los destinados a la educación está haciendo el Estado nacional. Me refiero a obras de infraestructura en escuelas, entre otras que son cuantiosas, que todo el mundo conoce y que además redundan en beneficios para la población.

También se hizo una referencia a hechos descriptivos. Por lo tanto, me referiré a algunas cuestiones que tienen que ver con dichos hechos.

La política salarial implementada por el gobierno de la provincia de Santa Cruz —en el marco de las posibilidades financieras— privilegió siempre, desde hace más de una década, una distribución de recursos equitativa entre todos los trabajadores del sector.

Indudablemente, todo aumento salarial implica un acto de gobierno que no puede estar desnudo de elementos objetivos como, por ejemplo, lo equitativo y lo justo, y una política distributiva en el marco de las posibilidades financieras.

Hago esta aclaración porque por algún motivo en la provincia de Santa Cruz se resolvió otorgar los aumentos sobre sumas fijas. Por lo tanto, es importante que se conozca que los salarios en mi provincia se calculan multiplicando un punto —que es 0,1074— por los índices correspondientes a los cargos del escalafón docente fijados por el Decreto 70/95.

¿Qué significa esto? Que el salario docente en la provincia de Santa Cruz se calcula mediante la multiplicación de 1.500 puntos por 0,1074 puntos, lo que arroja un salario básico para el maestro de grado de $ 161, y para un director —en este caso se multiplica por 3.100 puntos— de $ 332,94.

A partir de ahí, cualquier decisión para aumentar el salario de los docentes que se tomara en apego a estos cálculos implicaba darle más al que más tenía; o sea, si se modifican las bases o los puntos del decreto le daríamos más al que más tiene y menos al que menos tiene.

Eso hizo que en la provincia de Santa Cruz —luego veremos qué implica esto en los resultados— se tomara la determinación de establecer una distribución entre el total del personal de sumas dinerarias fijas.

En este sentido, se estableció, en forma posterior a los aumentos, una suma fija no remunerativa de $ 700. Digo esto en una primera instancia, porque con posterioridad, en septiembre de 2006, del total de los $ 700, $ 600 quedaron como no remunerativos y $ 100 pasaron a ser no bonificables. Eso implica que respecto de los $ 100 que no tributan también hay una decisión del Estado provincial de conceder una especie de aumento encubierto, porque ingresaron sin aportes directamente al bolsillo del docente.

Con posterioridad a esto, hubo un aumento del 10% en septiembre de 2006, el 15% en marzo de 2007, siempre al salario de bolsillo, y los aumentos que se dieron para el segundo cargo a partir de marzo de 2007, todo lo cual, indudablemente, reflejó un apego con la política nacional a los efectos de respetar los $ 1.040 del salario básico nacional.

Ahora bien. En algún momento se dijo que si eran sumas sin aportes se evidenciaba luego el problema de los jubilados, y téngase en cuenta que la provincia de Santa Cruz no ha nacionalizado su caja.

Sin embargo, se puede decir en forma absoluta, y con recibos en la mano, que un jubilado cobra prácticamente lo mismo que una persona que está en el cargo efectivo.

Así, tenemos que en la provincia de Santa Cruz, independientemente de lo que se pueda discutir respecto a que en algún momento habrá que renivelar y reencauzar los distintos ítem de la composición del salario, un maestro de grado sin antigüedad cobra de bolsillo —los recibos estarán a disposición de los senadores— la suma de $ 1.858. Un maestro de grado con un año de antigüedad cobra $ 1.874. Dos cargos en la provincia de Santa Cruz cobran salarios de bolsillo de $ 2.966; un director cobra $ 3.400; un director rector cobra $ 3.698 y un supervisor $ 4.261.

Un jubilado, a partir del reconocimiento del 1° de abril de 2007, cobra de bolsillo, en el caso de haberse jubilado como maestro de grado, $ 1.818. Recordemos que uno en actividad cobra $ 1.858. Un director activo cobra $ 3.617 y un director pasivo cobra $ 3.369 contra un supervisor pasivo que cobra $ 3.410, y un activo, que cobra $ 3.915.

Esto lo estoy extrayendo de la copia de los recibos que voy a dejar a disposición de los senadores. Esto no es “sanata” sino una cuestión puntual y concreta de lo que sucede en la provincia de Santa Cruz.

En base a estos salarios, indudablemente, se está generando una discusión que tiene algo de justicia porque, efectivamente, como dijo el señor presidente de bloque, este importe de $ 600 no remunerativos —sigue en esa condición— implica que en algún momento, y dentro de las posibilidades financieras de la provincia, habrá que terminar acomodándolo.

Pero esto no es magia ni en Santa Cruz, provincia equilibrada financieramente, ni en ningún lugar del país.

En este contexto, efectivamente, hay una marcha docente y se está discutiendo —los dirigentes sindicales con sus argumentos y los dirigentes políticos con los suyos— la posibilidad de llegar a un entendimiento.

La verdad, la realidad, es muy fuerte y no se puede negar: estos son los salarios de bolsillo que se cobran en la provincia de Santa Cruz y estos son los salarios que cobran los pasivos en esa provincia por decisión del Estado provincial; no hay diferencia entre lo que cobra un activo y un pasivo y los quebrantos de caja los soporta la provincia de Santa Cruz.

Lo demás es cierto: existe la posibilidad de que la dirigencia sindical, con metodologías absolutamente encontradas con las obligaciones que tienen para con el sector educativo, lleve adelante sus reclamos, no obstante lo cual me imagino que esto va a llegar efectivamente a buen puerto.

Pero no se puede igualar: es cierto que existe una discusión que es añeja y que está cortando transversalmente, fundamentalmente a partir del hecho luctuoso que todo el mundo lamenta y que yo no voy a ...

Sr. Presidente. — El señor senador López Arias le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Fernández. — Sí.

Sr. Presidente. — Adelante, señor senador.

Sr. López Arias. — Gracias, señor presidente. Le agradezco esta interrupción al señor senador Fernández. No quería interrumpirlo para no quitarle coherencia a su exposición.

En algunos de los discursos que se escucharon aquí se mencionó un tema que a mí realmente me preocupa y que siento la obligación de aclarar. Por suerte, en mi provincia, donde hay una situación de conflicto, las partes están actuando con enorme prudencia; en ese sentido, destaco la prudencia con que está actuando la provincia en una situación difícil, donde salvo un forcejeo en las puertas de la Legislatura —que se vio por todos los canales de televisión— no se observaron escenas de violencia, por lo que yo celebro la prudencia con que se está actuando; estoy seguro de que el diálogo permitirá encontrar una solución que, por otra parte, creo que está cerca.

Pero lo que quiero decir es lo siguiente: he visto mucha información y distintos comentarios en los medios que tienden a hacer pensar que las provincias petroleras que están viviendo una situación de conflicto serían una especie de Arabia Saudita y tendrían más recursos que las otras provincias argentinas. Y eso es absolutamente falso, por lo menos en lo que respecta a la provincia de Salta.

¿Por qué digo esto? Cuando se discutió la ley de coparticipación, en el año 1986 ó 1987, a la provincia de Salta, por su participación relativa en la cantidad de población del país, le tendrían que haber correspondido no menos de cinco puntos de coparticipación, que es lo que tiene la provincia del Chaco, que en ese momento tenía una población semejante a la de mi provincia.

Pero como Salta recibe regalías se le disminuyó el monto de coparticipación que recibía y se lo fijó en el 3,8%. En consecuencia, actualmente tenemos por tal concepto un ingreso que, según lo que se dijo acá, es semejante al de las otras provincias petroleras, un poco más de $ 2.000 millones. Lo que pasa es que tenemos a 1.200.000 salteños viviendo en nuestra provincia.

Es decir, si se tuvieran en cuenta los elementos que se consideraron a la hora de asignar la coparticipación —fundamentalmente, la cantidad de población— Salta debería tener un porcentaje muchísimo mayor, que se redujo justamente para compensar las supuestas regalías que no siempre fueron tan brillantes como se cree.

Entonces, quiero dejar en claro que no estamos hablando de provincias árabes que nadan sobre petróleo, gas o regalías petrolíferas, sino que en el caso de las provincias petroleras argentinas —por lo menos en el de Salta— se disminuyó el porcentaje de coparticipación que reciben para compensar las regalías.

O sea, que no estamos en una situación mejor que las otras provincias, y si se analiza lo que recibimos por regalías y por coparticipación se observará que tenemos un ingreso per capita muy inferior al de la mayoría de las provincias argentinas.

Quería dejar esto en claro porque, si no, se deforma totalmente la realidad cuando se hacen planteos que no se corresponden con los hechos.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Dije que voy a acompañar recibos de sueldo de personal activo y pasivo. Repito que es una determinación que se tomó, porque las sumas de dinero con las que cuenta la provincia de Santa Cruz, y me imagino que el resto de las provincias, no son elásticas.

Uno tiene una suma de dinero y la distribuye de la forma más equitativa posible. Expliqué cómo se conformaba el salario docente y los desequilibrios que se generan si efectivamente se modifican los porcentajes o el básico.

Por eso se utilizó el sistema de remuneración fija. La única suma no remunerativa son $ 600. El resto es remunerativo no bonificable. La contracara de esto podría ser que los jubilados se vieran perjudicados.

Pero esto tampoco es cierto porque a partir del 1° de abril en la provincia de Santa Cruz un activo y un pasivo cobran casi el mismo salario.

Es cierto que la discusión existe y es lógico que así sea. Antes, en la Argentina se marchaba por planes sociales, porque había hambre. Ahora, se marcha por una redistribución del salario, por renivelaciones salariales.

De hecho, desde que está este gobierno, desde el 2003 a la fecha, la gran mayoría de las marchas fueron por incrementos de salarios, por la discusión de convenios colectivos.

Es lógico que los sectores sindicales defiendan sus posiciones, respecto de lo cual no hay condena posible alguna.

También es cierto que es importante reflejar los datos de la realidad, porque en la provincia de Santa Cruz no sólo están los docentes, sino también los empleados públicos, la Justicia, los hospitales.

Es incuestionable e indiscutible que quienes vienen administrando la provincia de Santa Cruz desde hace diez años —por eso está dando vuelta por ahí la presencia imborrable de quien hoy es Presidente y ayer, nuestro gobernador— han sido buenos gobernantes, como lo dicen en otras latitudes del país, donde algunos —pocos— también lo fueron y la gente los sigue teniendo como referencia.

Esto es bueno y sano; esto nivela para arriba. Me parece importante poner blanco sobre negro.

Para que no haya más duda, repito, voy a acompañar tantas copias de recibos salariales como senadores existan, para que todo el mundo tenga acceso a esta información, que es instrumental, objetiva. No es discurso.

Como dijeron varios senadores a lo largo de sus exposiciones, se trata de meros hechos descriptivos. Yo simplemente estoy relatando lo que sucede y lo que se clama en la realidad.

Fuente: OPI Santa Cruz